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Recientemente, las comisiones de Mercado Interior y Medio Ambiente del Parlamento Europeo hacían pública una normativa a raíz de la prohibición del Greenwashing por parte de la Unión Europea. Ahora, Natrue, junto con otras nueve asociaciones, ha emitido una declaración instando al Parlamento Europeo a adoptar un marco claro, transparente y viable para la justificación y verificación de los reclamos verdes.

Soluciones para combatir el greenwashing

Entre estas asociaciones se encuentran también Cosmetics Europe, Europen (The European Organisation for Packaging and Environment) o AIM (European Brands Association), entre otras. Argumentan que Un marco mal diseñado obstaculizará el logro de los objetivos climáticos y ambientales de la UE, ya que no capacitará a los consumidores para tomar decisiones más sostenibles y desincentivará a los comerciantes a invertir en innovación sostenible.

«Si bien elogiamos la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la normativa sobre reclamos ecológicos, creemos que las reglas propuestas, en conjunto con la propuesta de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, serán clave para combatir las prácticas de Greenwashing y crear un campo de juego equitativo (y claridad legal) entre los comerciantes», exponen en el comunicado.

Sin embargo, las asociaciones hacen un llamamiento para abordar algunos problemas pendientes para garantizar que las afirmaciones ambientales estén adecuadamente justificadas, utilizando un enfoque viable que beneficie tanto a los comerciantes como a los Estados miembros, con procedimientos claros, armonizados y simplificados.

Las asociaciones están comprometidas para garantizar que los consumidores reciban información confiable, relevante y transparente sobre la sostenibilidad de los productos y servicios que eligen y apuntan que comunicar el perfil de sostenibilidad del negocio o de sus productos a los consumidores es una motivación poderosa para que los comerciantes continúen innovando e invirtiendo en soluciones más verdes.

Verificación viable para los reclamos verdes

El marco propuesto por la Comisión Europea requeriría una aprobación caso por caso, establecida por los Estados miembros y sin indicación de los plazos, lo que podría obstaculizar el comercio interno en la UE, por lo que reclaman procedimientos simplificados y una presunción de conformidad para ciertas afirmaciones ambientales. De igual modo, las asociaciones apoyan la introducción de un plazo para que los verificadores completen el proceso de certificación, lo que proporcionará certeza a los comerciantes.

Además, el texto debería establecer un panel de revisión independiente que permita a los comerciantes impugnar decisiones en las que un verificador niegue un certificado de conformidad. «Sin reglas claras y proporcionadas para la justificación de las afirmaciones, incluso un sistema de verificación bien diseñado y ejecutable, fracasará», apuntan.

Por otro lado, las afirmaciones relacionadas con un impacto ambiental de un producto, como puede ser, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, requieren una inversión significativamente mayor que aquellos reclamos centrados en un aspecto ambiental específico (el reciclaje por ejemplo). El coste puede variar desde los 500 hasta los 8.000 euros. Esta ambigüedad, según señalan, también estaría en contradicción con la sugerencia del Parlamento de establecer un procedimiento simplificado para afirmaciones ambientales que no requieren un análisis completo del ciclo de vida.

Asimismo, consideran que es esencial preservar la jerarquía legal definida en la propuesta de la Comisión Europea para proporcionar a los comerciantes una claridad total sobre las reglas aplicables para la justificación de los reclamos verdes.