Stanpa y las principales asociaciones españolas del sector farmacéutico y de la cosmética han hecho público un posicionamiento conjunto para pedir que la transposición en España de la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se lleve a cabo con prudencia y garantice un reparto equilibrado de las responsabilidades entre los distintos sectores implicados.
Preocupación por el diseño del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
El comunicado, suscrito por Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, coincide con el cierre de la consulta pública previa del anteproyecto de ley que adaptará al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/3019, cuyo objetivo es modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir la presencia de microcontaminantes.
Las asociaciones subrayan que comparten plenamente los objetivos ambientales de la norma y reiteran su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos hídricos. Sin embargo, muestran su preocupación por el diseño del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), al considerar que genera importantes incertidumbres regulatorias, técnicas y económicas.
Cuestionan la aplicación del principio «quien contamina paga»
Uno de los principales argumentos del sector es que el actual planteamiento de la Directiva atribuye una parte sustancial de la financiación del tratamiento cuaternario de las aguas residuales a las industrias farmacéutica y cosmética sin que, a su juicio, exista una base científica suficiente que justifique esa distribución.
Las asociaciones sostienen que la metodología empleada presenta limitaciones relevantes, tanto por la falta de datos completos sobre la contribución real de los distintos sectores a la microcontaminación como por la ausencia de un vínculo causal suficientemente acreditado. En consecuencia, consideran que el régimen propuesto vulnera el principio europeo de «quien contamina paga», además de los principios de proporcionalidad y no discriminación.
En este sentido, recuerdan que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio una moción en la que solicita a la Comisión Europea la realización de un nuevo estudio independiente sobre las sustancias presentes en las aguas residuales, los costes reales del tratamiento cuaternario y la correcta atribución de responsabilidades entre los diferentes sectores económicos.
Incertidumbre jurídica y costes difíciles de cuantificar
Asimismo, las asociaciones ponen el foco en el escenario jurídico abierto en Europa. Entre otros aspectos, señalan el recurso presentado por Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior de Irlanda sobre la validez del actual régimen de responsabilidad ampliada del productor.
Además, las siete organizaciones han encargado a PwC un informe técnico y jurídico para analizar el alcance de la Directiva y sus implicaciones económicas.
Según explican, la falta de definición de algunos elementos clave dificulta calcular el impacto económico real de la norma. Las estimaciones actuales sitúan los costes anuales entre 134 y 346 millones de euros, lo que supondría un desembolso acumulado de entre 2.680 y 6.920 millones de euros en un horizonte de veinte años.
Petición de una transposición flexible
Las asociaciones consideran que la aplicación del régimen de responsabilidad ampliada del productor debería aplazarse hasta que se despejen las incertidumbres técnicas y jurídicas existentes. Asimismo, defienden que las aportaciones económicas de las empresas estén vinculadas al funcionamiento efectivo de las instalaciones de tratamiento cuaternario y a costes plenamente auditables y verificables.
También solicitan que España limite la contribución empresarial al mínimo exigido por la Directiva, equivalente al 80% de los costes elegibles. Del mismo modo, piden que el resto se cubra mediante financiación pública, teniendo en cuenta el carácter público del saneamiento y el origen diverso de los microcontaminantes.
Finalmente, las organizaciones instan al Gobierno a diseñar una transposición flexible que pueda adaptarse a futuras resoluciones judiciales, nuevos estudios científicos o eventuales modificaciones del marco regulatorio europeo. Así se evitaría imponer obligaciones que puedan resultar desproporcionadas o quedar desfasadas en los próximos años.
